LA DEFENSA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En 1924 subió a
la presidencia de México de la mano de Álvaro Obregón un masón fanático, el
general Plutarco Elías Calles, que se propuso con verdadero odio masónico la
aniquilación, incluso física, de la Iglesia Católica.
Como justa reacción
surgió la rebelión cristera (1926-1929), dándole a México el honor de ser la
primera nación que reconoció a Cristo como Rey. Este fue uno de los casos más
claros de levantamiento legítimo contra un gobierno tiránico e injusto. Cientos
de sacerdotes y líderes católicos fueron asesinados.
En 1992, el Papa
Juan Pablo II beatificó , en la fiesta de Cristo Rey, a 22 sacerdotes y 3
seglares víctimas de esta persecución. Posteriormente, Obregón fue asesinado y
el gobierno ejecutó al Padre Miguel Agustín Pro, S.J., que nada tuvo que ver
con el asunto. Juan Pablo II también lo beatificó.
Por fin, en 1929 se dieron
los famosos “Arreglos”, contra los que protestaron muchos masones. Para
convencerlos, el entonces presidente de México, Emilio Portes Gil, alto grado
de la Masonería, convocó a una conferencia masónica.[1]
El conflicto religioso se inicia en
1926, teniendo como antecedente próximo la Constitución de 1917.
La Iglesia
Católica, a la que pertenecía el 99 % de los mexicanos no podía aceptar algunos
artículos violatorios de la dignidad humana:
el artículo 3º prohíbe la
enseñanza de la religión en las escuelas, y excluía de la enseñanza a las
corporaciones religiosas, además de no reconocer el derecho primario y
fundamental de los padres de familia para educar a sus hijos;
el artículo 5º
impedía el establecimiento de órdenes religiosas para poseer o administrar
bienes raíces y los bienes eclesiásticos pasan a ser propiedad de la nación;
el
artículo 130 disponía que la autoridad federal tiene competencia para
regular la disciplina externa de la Iglesia, a la cual no se le reconoce
personalidad jurídica, los ministros de los cultos son clasificados como
profesionistas, pero sin gozar de los mismos derechos de los profesionistas
(¡¡??), las legislaturas de los Estados determinan el número máximo de
ministros de culto, los cuales deberán ser mexicanos por nacimiento, la
Secretaría de Gobernación es la que abre o cierra los lugares destinados al
culto.
En febrero de 1926, Puig Casauranc, Secretario de Educación, hizo públicas las disposiciones sobre el cumplimiento del artículo 3º constitucional, que consideraba como delito cualquier intento de enseñanza religiosa en las escuelas, sobre todo en las primarias, tanto oficiales como particulares, por lo que se fueron clausurando escuelas y seminarios, sin importarle al Gobierno las legítimas protestas de los padres de familia que reclamaban respeto a sus derechos humanos.
El Episcopado y los católicos habían hablado siempre de una campaña legal y pacífica para reformar las leyes antirreligiosas contrarias a los principios democráticos de la Constitución.
Calles había dicho a los prelados mexicanos
que a los católicos les quedaba el recurso de dirigirse a las Cámaras.
Se dirigieron tres memoriales a las Cámaras del Congreso de la Unión: el de los Obispos, el de los ciudadanos católicos, y el de los profesionistas.
El de los
Obispos fue rechazado con el “argumento” de que los Obispos mexicanos no eran
ciudadanos ni tenían derecho de petición.
El memorial de los ciudadanos
católicos, escrupulosamente acreditados, contenía un abrumador número de
firmas, casi dos millones, cantidad de testimonios sin precedentes en México,
pues superaban con creces el número de votos de las elecciones para Presidente
de la República; el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados firmó acuse de
recibo del voluminoso expediente, pero después negó haberlo recibido.
Lo mismo
ocurrió con el memorial de los profesionistas.
El conflicto religioso que llevó a la guerra cristera, “oficialmente” surgió de la provocación de los católicos y de la antigua protesta del clero, pero en realidad - como resultado del análisis de los hechos - el origen fue el mero anuncio de que los católicos ejercerían un derecho legal para lograr la reforma de los artículos constitucionales que hacían imposible la vida de la Iglesia.
El Presidente Calles pasó a la ofensiva urgiendo la puesta en práctica del
Artículo 130 de la Constitución de 1917, repitiendo… que él sólo cumplía con la
ley y la hacía cumplir.
Desde el 31 de julio de 1926 se entabló la lucha armada
- entre los católicos y el Gobierno - que duró, con desigual ritmo, hasta 1929,
y costó a México más de 300 mil víctimas (entre ellas más de 60 sacerdotes), es
decir el 3 % de la población de México.[2]
En junio de 1926 Calles promulga la ley reglamentaria del artículo 130, imponiendo penas financieras y prisión a los infractores, destruyendo la libertad de prensa, aunque se trate de una simple hoja volante, si es de la Iglesia o de alguna asociación religiosa.
La llamada Ley Calles fue
expedida usurpando funciones del poder legislativo por parte del encargado del
ejecutivo, y otra de las leyes persecutorias de Calles se expidió usurpando
funciones del Secretario de Gobernación por parte del Secretario de Educación.
Así era el estilo personal de gobernar de Calles, fundador del PRI.
La Ley Calles forzó al Episcopado a definir su postura frente a ella: después de consultar a la Santa Sede, los Obispos decidieron ofrecer resistencia pasiva mediante la suspensión del culto público en todo el país, pues el pueblo podría interpretar cualquier acto público de culto como un reconocimiento de la “ley”;
recordemos que la ley Calles exigía que los sacerdotes se registraran ante las autoridades civiles, prescindiendo de las eclesiásticas, para el ejercicio de su ministerio en los templos, haciéndolos depender del gobierno civil en su ministerio espiritual, lo que habría provocado un cisma.
Por tanto, la Jerarquía Eclesiástica tomó una acertada y trascendental
decisión, habiendo informado a los fieles con anticipación, mediante una carta
colectiva.
El 25 de julio, los Obispos publicaron una pastoral colectiva firmada por la mayoría de ellos, declarando, entre otras cuestiones, que ante Dios y la humanidad civilizada, ante la Patria y la historia, protestaban contra la Ley Calles, y que con el auxilio del clero y del pueblo de México, trabajarían para lograr la reforma de esa ley y de los otros artículos antirreligiosos, y que no descansarían hasta lograrlo.
La aplicación de la Ley Calles comprendió la expulsión de los sacerdotes extranjeros; el cierre de escuelas y colegios particulares y de seminarios diocesanos; la clausura de asilos de ancianos y de huérfanos, y de hospitales sostenidos por corporaciones religiosas; la persecución de la prensa y de la propaganda de los católicos contra la libertad otorgada por la constitución; la del culto privado; la concentración de sacerdotes en la capital; los procesos seguidos a muchos sacerdotes y prelados; y el destierro de casi todos estos últimos.
Varios gobernadores y legislaturas de los Estados fijaron el número máximo de sacerdotes autorizados para ejercer su ministerio sin poner atención a las necesidades locales, y hasta llegaron a circunscribir el área dentro de la cual cada uno podría trabajar, y el templo en el que podrían oficiar.[3]
Muchos seglares que sufrieron la persecución del Gobierno terminaron en las cárceles y hasta en la colonia penal de las Islas Marías.
Numerosas organizaciones católicas, entre las que sobresalían la Unión Popular de Jalisco, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, se unificaron en contra de la Ley Calles con estrategias dirigidas a organizar boicots que presionaran al Gobierno en el aspecto económico, a fin de que este modificara sus injustas políticas opresoras contra la Iglesia.
Anacleto González Flores, director de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en Jalisco, que unificó a las asociaciones católicas de seglares, estudiaba los modelos y maestros que pudieran servirle de guía para la acción, y se fijó en la actitud de Mahatma Gandhi y en su boicot contra la compra de artículos británicos.
Al igual que Gandhi, González Flores (a quien se recuerda
por su vibrante elocuencia en discursos y en periódicos, por la fuerza de su
proselitismo y por su habilidad para propagar el boicot, muriendo fusilado sin
proceso alguno) creía en la eficacia de los métodos noviolentos, por lo que se
convocó a un boicot general en todo México con la siguiente consigna:
“No compréis nada, por lo menos nada superfluo, y si tenéis que comprar, compradlo a los amigos de la causa. Boicot absoluto a nuestros enemigos”.
El boicot, a pesar de los grandes sacrificios que implicaba, como el abstenerse de lo lujoso y de lo superfluo, reducir el uso de vehículos a lo más indispensable, etc., se mantuvo heroicamente durante algunos meses, siendo la principal forma de resistencia activa noviolenta de los católicos contra las agresiones del Gobierno.
El resultado fue una alarmante baja del valor del peso, y se hicieron correr secretamente listas negras de personas a quienes había que boicotear.
La
campaña dio magníficos resultados en Jalisco y sus alrededores, pero el país,
en general, no estaba preparado psicológicamente para secundar el boicot y
someterse a los sacrificios que exigía, así que su eficacia cesó a las tres
semanas.[4]
Una vez agotados los recursos legales, los católicos recurrieron a la resistencia armada formada por “los cristeros”, en legítima defensa contra la injusta tiranía.
El movimiento cristero fue dirigido por la Liga Defensora de
la Libertad Religiosa, cuyos directores mandaron preguntar al Comité
Episcopal si era lícito tomar las armas en defensa de sus derechos, y los
Obispos respondieron por escrito que el recurso a la fuerza, cuando hay
evidencia indudable de tiranía, y cuando se han ensayado sin resultado los
medios pacíficos, es lícito.
Además hicieron saber oralmente que los Obispos no
se mezclarían para nada en la obra de la Liga, una vez dado este dictamen
escrito.[5]
En efecto, el Episcopado, que antes de que se agotaran los medios legales y pacíficos había desaprobado el recurso de las armas, reconoció al fin la licitud de su empleo; pero se abstuvo de participar en la guerra cristera, dirigiéndola, estimulándola, o ayudándola pecuniariamente.
A los cristeros (llamados así por su grito de guerra: Viva Cristo Rey y por llevar crucifijos al pecho) les era desfavorable el ambiente político nacional e internacional.
Mientras Calles compraba municiones en los Estados
Unidos, para los cristeros eso sería contrabando, por lo que organizaron grupitos
de valientes mujeres que compraban pequeñas cantidades de pertrechos donde
podían, y las enviaban a los cristeros escondidas en sacos de papas, cajas de
jabón, etc.
Por otra parte, el Gobierno de los Estados Unidos resolvió sostener
al Gobierno de Calles.
El conflicto religioso despertó un vivo interés en el mundo católico, particularmente en Roma y en los Estados Unidos, y hasta en Hungría escribió el Dr. Tihamér Tóth [6] sobre estos hechos.
Para
lograr la paz, hubo negociaciones que duraron año y medio (de 1927 a 1929),
interviniendo por parte del Gobierno mexicano los Presidentes Calles y Portes
Gil; por parte de la Iglesia, el Papa Pío XI, por medio de Mons. Fumasoni
Biondi, Delegado Apostólico en los Estados Unidos de América, y del Padre John J.
Burke, S.J., y después mediante el Arzobispo de Morelia Leopoldo Ruiz y Flores.
El Embajador de los Estados Unidos en México, Dwight J. Morrow, masón y
amigo de Calles e impopular entre los católicos mexicanos, logró servir de
enlace.[7]
Calles no solamente deseaba mostrar su acercamiento con los Estados Unidos, sino que los católicos mexicanos se dieran cuenta de que no podría contar en ninguna forma con la ayuda de Washington, contrarrestando así el movimiento “cristero”, que crecía amenazadoramente.
Es indudable que la actuación de Morrow, como embajador, tiene gran trascendencia en los destinos de México, y no es exagerado establecer que representa la continuación de la obra del primer embajador norteamericano, Joel Poinsett, organizador de las logias masónicas yorkinas (1825), en cuanto a su intervención en los asuntos internos de México en beneficio de su país y detrimento de nuestra nacionalidad e integridad.[8]
Cuando Calles dejó la Presidencia no se había llegado a ninguna conclusión.
Los llamados Arreglos Pacíficos se lograron con Portes Gil como Presidente, quien concedía amnistía a quienes decidieran rendirse, ordenaba la devolución de todos los templos, curatos y casas episcopales que no estuvieran ocupadas por alguna oficina de Gobierno, comprometiéndose a que se procuraría desocuparlas y devolverlas.
Los católicos celebraban la reanudación del culto en todo el país, mientras muchos elementos del Gobierno y los masones reclamaban airadamente a Portes Gil por los arreglos que acababa de lograr con la Iglesia. Portes Gil se mostró tímido y apenas cumplió lo solemnemente estipulado.
“Portes Gil dice que a la ‘capitulación de los Obispos’ le dieron el nombre de Arreglos.
Pero no hubo tal.
Que lo único que hubo, afirma Portes Gil, fue ‘someterse la Iglesia incondicionalmente al Gobierno’.
Lo cual coincide con lo dicho en nuestro apartado anterior, con eso de que ‘el Arreglo religioso se hizo sin pacto alguno, sometiéndose la Iglesia a las Leyes’; Desiderátum del triunvirato masónico: Calles, Morrow y Portes Gil”.[9]
El mismo día en que se publicaron los arreglos, declaró la Liga Defensora de la Libertad Religiosa su incondicional, sincera y filial sumisión a las resoluciones del Papa Pío XI.
Había, sin embargo, entre los miembros de la
Liga, y entre los católicos en general, muchos disconformes. Suponían al Papa
mal informado.
La disconformidad creció al ver que el gobierno violaba cada vez
más sus compromisos.[10]
Se había prometido completa amnistía, pero varios cristeros, aunque habían
depuesto las armas, fueron asesinados.
Unos años después, en 1932, cuando el General Abelardo L. Rodríguez ocupaba la Presidencia, el Papa Pío XI escribió a los miembros de la Jerarquía Católica de México la Carta Encíclica Acerba Animi (La preocupación que nos embarga), lamentando la infidelidad de las autoridades civiles a los Arreglos Pacíficos de 1929, y exhortaba al pueblo a la oración, a la penitencia y a la prudencia.
Al día siguiente, los periódicos de la Capital
publicaron un resumen desfigurado de la Encíclica.
El Presidente Rodríguez reaccionó con declaraciones vehementes y absurdas, rechazó la Encíclica aduciendo que eso era inmiscuirse en asuntos de Estado, y decretó la expulsión de la República Mexicana del Delegado Apostólico, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia, porque publicó el texto íntegro de la Encíclica del Papa Pío XI y porque puso de manifiesto la errónea actitud del Presidente.
El Presidente Rodríguez reaccionó con declaraciones vehementes y absurdas, rechazó la Encíclica aduciendo que eso era inmiscuirse en asuntos de Estado, y decretó la expulsión de la República Mexicana del Delegado Apostólico, Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, Arzobispo de Morelia, porque publicó el texto íntegro de la Encíclica del Papa Pío XI y porque puso de manifiesto la errónea actitud del Presidente.
La película completa sobre la persecución religiosa en México (1926-1929), "Cristiada", con la historia que nos quiso ocultar el sistema autoritario del PRI-gobierno, puede verse en este link:
[1] Cf. López Padilla, Luis Eduardo. El Nuevo Orden Mundial, La
Conspiración de la Masonería y la Alta Finanza para derrocar el Orden Social
Cristiano e imponer en el mundo un solo Gobierno Mundial, México, 2005, p.
122
[2] Girardi,
op.cit..p.10
[3] Gutiérrez
Casillas, S.J.. José. Camino hacia la Unidad, La realidad Mexicana
desde 1917, iluminada por textos del magisterio eclesiástico, Suárez-Muñoz
Ediciones. Guadalajara, Jalisco. México 1987, pp. 66-67
[4] Schlarman, México,
Tierra de Volcanes, op.cit.. p. 613
[5] Ibid., pp. 614-615
[6] Tóth. Mons. Tihamér, Los Diez Mandamientos,
Editorial Poblet, Buenos Aires 1944, Reimpresión: Grupo Editorial Éxodo, México
2003, p. 271
[7] Cf. Rivero, Antonio.
Historia de la Iglesia, siglo a siglo, El Arca Editores, México, 2004
[8] Cf. Cárdenas Noriega, Joaquín.
70 años de simulación democrática en México, Testimonios de los Archivos
de Washington, D.C., EPESSA, México, 2000, p. 27
[9] Cf. López Beltrán, Lauro. La
persecución religiosa en México, Tradición, México, 1987
[10] Gutiérrez
Casillas, S.J.. José, Camino hacia la Unidad, op. cit., p.106
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