Francisco Barrio Terrazas
panista de Chihuahua
Los días 19 y 20 de septiembre dos
espantosos terremotos con desastrosos efectos (de más de 8 grados en la escala
de Richter el primero y de 7 el segundo) sacuden al país, asolando el centro de
la Ciudad de México, a Ciudad Guzmán, Jalisco y a otras pequeñas ciudades de la
Costa del Pacífico Sur.
Los muertos fueron miles y los damnificados cientos de
miles.
La solidaridad y el heroísmo y la organización brillaron en la sociedad
mexicana. Cerca de cincuenta naciones ayudaron a México con personal
calificado, equipo, alimentos, medicinas, para auxiliar a quienes estaban
atrapados entre las ruinas y a los sobrevivientes.
Se estableció un fondo de
reconstrucción al que contribuyeron muchos países extranjeros. El Gobierno
mostró, en muchos casos, insensibilidad e incapacidad ante la magnitud del
drama.
El Presidente expropia más de 4,000 predios, principalmente vecindades, para beneficiar a damnificados pobres.
Se acelera la descentralización de oficinas
públicas y del inhumano hacinamiento de las industrias en el altiplano de la
Ciudad de México.
El 22 de noviembre de 1985, el Presidente dio en política de comercio exterior el viraje más importante en casi medio siglo.
A partir de
esa fecha el país inició las gestiones necesarias para formalizar su adhesión
al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), luego de
tomar en cuenta los problemas económicos nacionales, las bajas de las ventas en
las exportaciones, y el alto endeudamiento de la balanza de pagos.[1]
Caen los precios internacionales del petróleo.
El Programa Inmediato de
Reordenación Económica (PIRE), no logra los resultados ofrecidos, dada la
insuficiente firmeza en la contención del gasto gubernamental,
se continuaba
con la tendencia al aumento de circulante, generando mayor inflación, lo que se
combinaba con la recesión en el sector productivo y con la pesada carga de
intereses de la deuda externa.
Pedro Esquivel organiza una caravana de protesta por el fraude en Monclova, Coahuila, que llega al Distrito Federal el 17 de enero, en el contexto del impacto que a nivel internacional estaban adquiriendo las elecciones de Coahuila.
La imagen de México al exterior, comenzaba a asemejarse a la
situación de Argentina en lo económico, y a la de Centroamérica en lo político.
Para las elecciones federales el PAN presenta el lema: Somos la nueva mayoría.
En Sonora, el panista Adalberto Rosas realiza su popular campaña enfrentando las agresiones legales del Gobernador Samuel Ocaña; el PAN presenta 65 planillas municipales y sin razón le rechazan 19.
Por su parte, Fernando Canales
Clariond, del PAN, desarrolla una fuerte campaña en Nuevo León.
José González Torres y Gerardo Medina, representantes del PAN ante la Comisión Federal Electoral, señalaban la inconsistencia del padrón electoral.
El PAN
declara que hay un “fraude cibernético”, con cuatro millones de nombres de
electores fantasma.
La Nación publica un Manifiesto a los mexicanos, intitulado La Patria es de todos, en el que afirma que el Gobierno y su partido temen perder las próximas elecciones, en caso de ser limpias, como lo prometía el Presidente.
El monopolio político, que en 56 años ha dejado al país en
ruinas, endeudado, sumido en la corrupción y en peligro de perder su soberanía
por la mala administración, pretende evadir su responsabilidad histórica
tratando de confundir al pueblo de México…
En una supuesta “defensa del
nacionalismo”, el partido oficial se disfraza de salvador de la patria,
tratando de justificar: la alteración, en su favor, del padrón electoral…
la
designación unilateral y parcial de casi todos los funcionarios electorales;
cambios ilegales e inesperados en las reglas del juego electoral…
Acción Nacional es un partido plural, en él militan mexicanos, sin distinción de clase social o actividad económica, que por cariño a México trabajan en la construcción de una patria ordenada y generosa.
En este propósito nos damos la
mano empleados, obreros, profesionistas, amas de casa, campesinos, empresarios,
maestros y jóvenes, sin preeminencia de ninguno, porque en el PAN lo que cuenta
es la persona y no el “sector” al que pertenezca.
Somos demócratas, no
fascistas corporativos…
Han sido el gobierno y su partido los que
históricamente han formado y armado grupos de choque.
No queremos dividir a los
mexicanos, pero si se insiste en hablar de traidores, hay que buscarlos:
entre
los que han hipotecado al país con una deuda gigantesca y sin beneficio para
los mexicanos, y han puesto en riesgo la independencia y autodeterminación del
país, atándonos a decisiones de entidades financieras internacionales;
entre los
que por mantener el control político de los campesinos, han sumido al país en
la dependencia alimentaria del extranjero...[2]
Poco antes de las elecciones del 7 de julio, se modifica la Ley Electoral de Sonora y la Comisión Estatal Electoral manipuló la ley.
En Nuevo León se
robaron casillas con la colaboración de las Secretarías de Agricultura y de la
Reforma Agraria.
El Gobernador de Puebla instrumentó la “Operación Trueno”,
utilizando bandas de golpeadores protegidos por el PRI, para robar urnas.
La Comisión Federal Electoral favorece a los partidos apéndice del PRI (PARM y PPS), y el Gobierno otorga “regalos” al Partido Socialista de los Trabajadores.
En Chihuahua no se quisieron reconocer todos los triunfos del PAN, por lo que Luis H. Álvarez, alcalde de Chihuahua, y Francisco Barrio realizan una huelga de hambre con el propósito de conseguir 100 mil y 200 mil firmas, respectivamente, para demostrar la legitimidad de los triunfos.
72 horas
después, levantan el ayuno al haber recabado más firmas de las esperadas y se
le reconocen al PAN tres de cinco distritos ganados.
En Nuevo León 40 mil personas participan en la “marcha de la victoria”, después del fraude electoral, proclamando a Fernando Canales Clariond como verdadero Gobernador y defendiendo los triunfos en el Congreso local,
pues sólo se le
reconocieron al PAN dos diputaciones locales de 11 de mayoría y se le otorgaron
únicamente dos de representación proporcional.
La marcha llega a la Macroplaza
de Monterrey y los panistas gritan frente al Palacio de Gobierno, resguardado
por policías; alguien agrede a los policías y se desata una fuerte trifulca,
resultando gente golpeada, herida e intoxicada por gases.
En el municipio de Agua Prieta, Sonora, los ciudadanos impiden la entrada al palacio municipal al supuesto triunfador priísta.
Este acto es repelido
violentamente por la policía, que golpea a los panistas; el palacio municipal
es incendiado; se aprehende a varios panistas (entre ellos el dirigente
Norberto Corella Gil-Samaniego) que son llevados como presos políticos a la
cárcel de Cananea.
De la Madrid rinde su III Informe de Gobierno entrando en funciones la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados. El PAN cuenta con 41 diputados, seis de mayoría y 35 de representación proporcional.
En noviembre, la diputación panista propone la creación de una Comisión de Derechos Humanos dentro del Congreso.
Hay elecciones municipales en San
Luis Potosí y en Nuevo León; el PAN reclama los triunfos de Guillermo Pizzuto y
de Alejandro Páez en Garza García, respectivamente.
Después de ser torturados, son liberados los panistas recluidos en la cárcel de Cananea, Sonora.
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