EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

EL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

México es un país en el cual el Presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo Federal, junto con el PRI, han constituido los “pilares” de la política.[1] 

Sin embargo, autores como Jaime González Graf, afirman que la pieza central del sistema político mexicano no es ni el presidencialismo ni el partido gobernante. 

Su pieza central es la existencia de una clase política, es decir, de un grupo social que, posesionado del control de algunos de los factores del poder social - la milicia, el capital público y el control de los trabajadores -, ejerce el poder del Estado, entendiéndolo como patrimonio propio, y subordina a la institución presidencial y al partido a los designios de su propia perpetuación.[2]

En efecto, podemos entender la importancia del presidencialismo mexicano en el sistema político si consideramos las funciones del Presidente de la República en este contexto: 

jefe de Estado, jefe de Gobierno, comandante supremo de las fuerzas armadas, responsable de la política exterior, jefe nato del partido y rector de la economía con capacidad real para revertir legislaciones; además, ha elegido a su sucesor para el siguiente sexenio.

Por lo que hemos visto hasta ahora, es evidente que en la realidad mexicana no existe una auténtica democracia, pues el poder ha sido ejercido en México a través de un amplio margen de acción del Poder Ejecutivo, con detrimento de los otros dos Poderes (Legislativo y Judicial) y con el apoyo del PRI, un partido de Estado que ha postulado a todos los Presidentes de México desde 1929.

Además, el PRI y el Gobierno han tenido bajo su control a los órganos electorales, por lo cual, la posibilidad de que la oposición pudiera alternar en el poder, ha sido prácticamente inexistente hasta fines de los años 80.

El PRI ha servido como un instrumento de movilización de la gente, dando imagen de legitimidad a los gobiernos que necesitan mostrar una imagen de apoyo, aunque sea falsa, de los ciudadanos. 

Gracias al corporativismo (control arbitrario de las organizaciones intermedias) establecido por Calles, hacia 1980 el partido oficial lograba la “afiliación” automática de más de 15 millones de mexicanos, a través de las diversas asociaciones profesionales bajo su control. 

Los empresarios, en cuanto sector, no están ni pueden estar integrados formalmente como tal dentro del PRI; sin embargo, los empresarios han estado obligados a pertenecer a una de las Cámaras reconocidas por el Estado como órganos consultivos (CONCANACO, CONCAMÍN), dado que Lázaro Cárdenas hizo obligatoria la afiliación a estas.

Organizaciones empresariales independientes del Gobierno, han sido la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), creada en 1929, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fundado en 1975.

A partir de 1946, con Miguel Alemán como Presidente de la República, el PRI se compone de tres sectores: campesino (CNC), obrero (CTM) y popular (CNOP), manteniendo un control bastante estricto sobre sus miembros. 

En la década de los 40 desapareció del partido el sector militar. Los regímenes priístas han sabido acaparar y utilizar en su provecho los símbolos de la Nación y de la Revolución, aunque no han logrado cumplir con los postulados sociales de esta.[3] 

Uno de los mecanismos de efectivo control sindical, ha sido la llamada cláusula de exclusión; en la práctica, el trabajador tiene la obligación de pertenecer al sindicato del lugar donde trabaja, no pudiendo ser la afiliación de manera individual y restringiéndose esta afiliación de los miembros del sindicato a la empresa. 

De esta manera, se evita la articulación de diferentes sindicatos de la misma rama de actividad económica y se cuenta con la posibilidad de despedir a los trabajadores inconformes o disidentes con la dirigencia sindical establecida.[4] 

Al respecto, Gómez Morín recuerda:

La parte principal de esa agitación obrera de 1943 a 1946, estuvo formada por conflictos intergremiales, conflictos provocados por las centrales que competían una con otra para ganar el control del sindicato y la administración del contrato, sin que los obreros tuvieran ninguna real participación en ello; no eran más que los líderes haciendo a los obreros instrumentos de su ambición.

Entonces la diputación del Partido (PAN) propuso una ley que se llamaba Ley de Defensa del Trabajador en el Sindicato. 

Por ejemplo, establecía que la huelga no podía ser decretada sino después de recibir la votación secreta de todos los trabajadores, y con la garantía de la presencia de autoridades de trabajo que evitaran movimientos de coacción para forzar el voto. 

Por ejemplo, no se podría aplicar la cláusula de exclusión, como se estaba aplicando en aquellos días, tan libremente: el líder que tropezaba dentro del sindicato con oposición de trabajadores que querían defender su derecho, les aplicaba la cláusula de exclusión y los expulsaba no sólo del trabajo actual, sino de cualquier otro trabajo en centros organizados de producción en la República. 

Por ejemplo, también, la iniciativa exigía la rendición de cuentas por parte de los administradores del sindicato.

Naturalmente, nunca quisieron aprobar esa iniciativa, y hasta donde yo sé, hasta la fecha son muy pocos los sindicatos en donde se rinden cuentas comprobadas y son muchos los casos de líderes sindicales que se han ido con los fondos de los sindicatos.[5]  

Dentro del sindicalismo independiente podemos ubicar al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), nacido en 1960; al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), y al Sindicato de Trabajadores de la Universidad nacional Autónoma de México (STUNAM), surgido en 1977; cabe mencionar también a la Unidad Obrera Independiente, creada en 1972.

En 1986 surge el llamado techo del movimiento obrero: el Congreso del Trabajo. 

Constituido por 34 organizaciones: confederaciones, federaciones, sindicatos nacionales de industria, sindicatos industriales, sindicatos de empresa, sindicatos gremiales y sindicatos de oficios varios; siendo las más importantes la CTM, la CROC, la CROM y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), perteneciente a la UNE (CNOP) del PRI.

Aunque el Congreso del Trabajo no está ligado formalmente al PRI, de hecho funciona como si fuera el sector obrero del partido, al menos cuando se trata de apoyo para las campañas electorales. 

Además, en la mayoría de los estatutos de las organizaciones afiliadas se incluye la obligación de votar por el PRI.[6]  

En 1963 surgió una organización autónoma de izquierda: la Central Campesina Independiente, la cual le disputaría a la Confederación Nacional Campesina (CNC) la organización de los trabajadores del campo; sin embargo, la organización se dividió en poco tiempo y en 1974 la CCI sufrió una transformación que la transfiguró completamente: de una organización auténtica y combativa, pasó a ser una organización más incorporada al corporativismo partidista.[7]

En cuanto a los medios de comunicación, destaca la televisión, la cual comenzó a ser un negocio cuando el Gobierno de Alemán repartió las primeras concesiones: en 1950, la familia O’Farrill, propietaria del periódico Novedades, inauguró el canal 4; en 1952, la familia Azcárraga, compuesta por líderes de la radio y del cine, fundó el canal 2; ese mismo año, Alemán dió la concesión de canal 5 a su propia familia. 

En 1955 estas tres compañías formaron Telesistema Mexicano y el Gobierno no vio ninguna amenaza política en este monopolio. 

En 1958 el Gobierno da permiso al Instituto Politécnico Nacional para fundar el canal 11. En 1972 el Gobierno compra el canal 13, fundado cuatro años antes. 

En 1973, Telesistema cambia su nombre por el de Televisa, un cuasimonopolio, luego de absorber al canal 8 del Grupo Monterrey. Emilio Azcárraga Milmo, propietario del Estadio Azteca y principal accionista de Televisa, se ha declarado miembro del PRI.

Además, no existe ningún documento gubernamental ni presidencial en que se encuentre, ya no delineada, sino al menos insinuada, una política definida de la Presidencia hacia los medios de comunicación, prensa en concreto… 

Por otra parte, todavía no está documentado el derecho constitucional a la libertad de expresión y de prensa, por lo que tampoco se pueden definir jurídicamente las violaciones a ese derecho ni las intervenciones ilegales a la prensa.[8]  

La productora e Importadora de Papel (PIPSA), surgió en 1935. En octubre de 1989 ocurrió un hecho paradójico: 

En una reunión extraordinaria del Consejo de PIPSA, ante el Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, presidente del Consejo de Administración de PIPSA, y ante el Director General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Otto Granados Roldán. 

Los representantes de los principales diarios del país, en su doble carácter de editores y de miembros del Consejo de Administración de la empresa, rechazaron la propuesta de Carlos Salinas de privatizar PIPSA y de venderla a los dueños y directores de periódicos. 

El 80 % del capital social de PIPSA es gubernamental; el 20 % restante es de empresarios editoriales.[9]   

Además, la multitud de periódicos de propiedad particular de la Ciudad de México y los cientos más del interior del país, obtienen del 60 al 80 por ciento de sus ingresos, de la publicidad del Gobierno o de entregas oficiales publicadas como contenido editorial.

La Iglesia, es un grupo de presión muy importante dentro del sistema político mexicano. El siguiente testimonio es muy ilustrativo: en 1917 se impuso al país una ley injusta y contra todo derecho. 

La aplicación de… artículos especialmente lesivos a la Iglesia, en 1924 vino a engendrar la violencia y a suscitar una lucha sangrienta en nuestra patria: fue la lucha cristera, surgida en defensa de los derechos humanos y cristianos. 

Así se escribió una de las páginas más gloriosas y brillantes de la historia de la Iglesia en nuestra patria. Muchos fueron los testigos que dieron su vida valientemente, que murieron por Cristo Rey.

En 1929 un acuerdo entre la Iglesia y el Estado puso fin a la cristiada, acuerdo que fue inmediatamente quebrantado y conculcado por el mismo Presidente que lo firmara.

En 1934, en la época del cardenismo, se quiere aplicar la fuerza de la ley y se persigue en concreto la enseñanza religiosa. Muchos de los aquí presentes tuvimos que salir al extranjero para poder seguir nuestra formación sacerdotal.

En 1940 la situación política cambió en relación a la Iglesia profundamente y se inició con el Presidente Manuel Ávila Camacho un “modus vivendi” entre Iglesia-Estado, de manera que sin reformar los originales artículos constitucionales 3º y 130, sí se dejó de urgir el cumplimiento de los aspectos más conflictivos de los mismos. 

De esto han pasado 46 años.

En el campo jurídico parece que se trata de una costumbre legítima que puede tener fuerza de ley. 

Sin embargo, con la llamada descentralización educativa la situación política en este campo ha cambiado notablemente y ahora se deja al arbitrio de los gobiernos estatales promulgar leyes educativas, dándose el caso, como en Michoacán, en donde se pretendió promulgar una ley educativa altamente injuriosa, del todo inoperante y abiertamente contraria a los derechos más fundamentales de la persona humana. 

Solamente con la ayuda divina y gracias a los múltiples esfuerzos que se hicieron, pudimos librarnos de una calamidad tan grande.[10]   

El movimiento revolucionario de 1910 dio lugar a la formación de la Constitución de 1917 que, como hemos dicho, contiene una mezcla de elementos de corrientes ideológicas contrarias entre sí, como son el liberalismo, el socialismo (art. 27), e inclusive la Doctrina Social de la Iglesia (art. 123).

Los distintos regímenes presidenciales han aprovechado este hecho para interpretar a su conveniencia lo establecido por la Constitución, en un sentido pragmático. 

Cosío Villegas afirma que el gobierno y el PRI, se ha dicho más de una vez, se apropian el “programa” de la Revolución Mexicana, un programa indefinido pero teñido de un claro sentido reformista, sin indicación específica de que, como y cuándo va a reformarse.[11] 

(En cambio, como hemos visto antes, Gómez Morín sí define con toda claridad el programa de la Revolución Mexicana y lo llevó a la práctica hasta donde le fue posible).

Ya hemos dicho que respecto del régimen mexicano no puede afirmarse que sea democrático (caracterizado por un pluralismo libre y abierto); por otra parte, el poder en México tampoco ha podido ser ejercido en forma de régimen totalitario (caracterizado por un Estado que ejerce una dominación total sobre la sociedad). 

En realidad, en México ha existido un RÉGIMEN AUTORITARIO, caracterizado por un PLURALISMO LIMITADO,[12] ya que el PRI ha postulado a todos los Presidentes de la República desde 1929, ha dominado la Cámara de Senadores en forma prácticamente absoluta, mientras que en la Cámara de Diputados se ha permitido una mayor participación a los partidos políticos de oposición, aunque en forma minoritaria.

Para ilustrar lo anterior, consideremos este dramático dato: en el plano electoral, basta señalar que la más importante formación política de oposición, el PAN, desde su constitución hasta hace poco, no tuvo más que 129 diputados federales electos, contra 2,327 del ‘Partido de la Revolución’, y no consiguió más que 40 presidencias municipales contra más de 27 mil obtenidas por el PRI.[13]

El Partido Demócrata Mexicano, cuyos principios se inspiran en la Doctrina Social de la Iglesia, solicitó su registro como partido político en 1975. 

Su origen se remonta a 1937, año en que se funda el Movimiento Sinarquista, el cual se constituyó poco después como el Partido Fuerza Popular. 

El Sinarquismo agrupaba a antiguos militantes del movimiento cristero, y a campesinos, artesanos y pequeños propietarios católicos, principalmente de las regiones Centro y Occidente de México.

El Partido Popular Socialista fue fundado en 1948 por Vicente Lombardo Toledano, fundador de la CTM. 

Al igual que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se trata de un “partido apéndice” del PRI-Gobierno: sin cumplir con los requisitos legales, a estos partidos se les facilitó el acceso a la Cámara de Diputados, se les “regalaron” curules a pesar de no haber obtenido suficientes votos y en 1976 se unieron a la postulación de José López Portillo como candidato del PRI a la Presidencia de la República.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, “partido apéndice” del PRI-Gobierno, obtuvo su registro en 1957.

El Partido Socialista de los Trabajadores fue fundado en 1975, con el manifiesto apoyo político y financiero del gobierno del presidente Echeverría que ratificó su sucesor… Junto con el PPS y el PARM, el PST actúa como aliado del gobierno, para captar el descontento popular en determinadas zonas y momentos.[14] 

Una parte de sus militantes formaría después el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (que apoyaría la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para la Presidencia de la República en 1988), así como varias organizaciones políticas de izquierda más o menos vinculadas con el PRI.[15] 

El Partido Socialista Unificado de México (PSUM) surge en 1981, por la unificación del Partido Comunista Mexicano (partido clandestino constituido en 1919, obtuvo su registro legal en 1978) con el Movimiento de Acción y Unidad Socialista, con el Partido Socialista Revolucionario, con el Partido del Pueblo Mexicano y con el Movimiento de Acción Popular. 

Posteriormente, el PSUM se fusionaría con el Partido Mexicano de los Trabajadores, para formar el Partido Mexicano Socialista, que en 1988 postularía al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia de la República.

El Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) tiene como antecedente al Comité Nacional de Auscultación y Coordinación, surgido de una propuesta originada en 1971, en la que participaron luchadores sociales e intelectuales como Carlos Fuentes, Octavio Paz, Luis Villoro, Heberto Castillo, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, etc., que daría lugar a la formación del PMT en 1974. 

Poco antes de esta fecha, un núcleo de la mencionada agrupación se apartaría para dar origen al Partido Socialista de los Trabajadores.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores obtuvo su registro definitivo en 1982; es un partido trotskista que tiene su origen en el Partido Obrero Revolucionario, fundado como sección de la IV Internacional en 1959.

El Partido Social Demócrata obtuvo su registro condicionado en 1981, pero lo perdió en 1982 al no obtener suficientes votos en 1982. Propugnaba por el nacionalismo revolucionario, plasmado en el modelo de economía participada.

A fines de 1982, un destacado estudioso del sistema político mexicano describía su visión: 

El fraude electoral, ejecutado de manera sistemática y continua, junto con el uso ilegal de fondos públicos para la propaganda de un partido político (el PRI), han creado en el pueblo apatía y abstencionismo y en los gobernantes cinismo y abuso… 

En realidad vivimos una dictadura de partido que viene a fortalecer y a absolutizar el poder del Presidente…

La concentración del poder en un solo hombre, durante seis años va directamente contra el principio de la democracia, pero también contra la Subsidiariedad, como es obvio. 

El 90 % de la educación, el 75 % de la economía, los procesos electorales, el poder legislativo, los sindicatos y una gran parte de los medios de comunicación masiva están controlados por el Estado, o sea, por la persona del Presidente.

El Gobierno considera que las actividades particulares en materia educativa y económica son una “concesión” del Estado a ellos, como si el Estado fuera el primer derecho-habiente a desempeñar estas funciones, y los particulares ayudantes del Estado que al margen de las actividades estatales ejercen algunas funciones complementarias ya que el Estado no puede con todo.

Esta filosofía gubernamental de “concesión” explícitamente expresada en el decreto de estatización de la banca, es precisamente contraria al Principio de Subsidiariedad, según el cual las personas particulares y los grupos intermedios son los que deben desempeñar preferentemente las funciones económicas y educativas y el Estado intervenir nada más en la medida que los particulares no puedan dar educación y un empleo digno a todos. 

La filosofía del Estado, de nuestros gobernantes actuales, tiende al totalitarismo estatal.[16]

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[1] Cf. Cosío Villegas, Daniel. El Sistema Político Mexicano, editorial Joaquín Mortiz, México 1982

[2] González Graf, Jaime. La crisis de la clase política, en Revista Nexos, No. 136, abril, México 1989, p. 34

[3] Cf. Lehr, Volker G. El Sistema Político Mexicano visto a inicios de los años ochenta, en PRI.CEN. Perspectivas del Sistema Político Mexicano, México 1982, pp. 33-39

[4] Cf. López Ríos, Bernardo. El Corporativismo y la Concertación Social en México, en Fundación Konrad Adenauer (Edit.), Cooperación Internacional, México en el Cambio, México 1992, pp. 80-96

[5] Wilkie, op. cit., p. 71

[6] Bizberg, Ilan. Estado y Sindicalismo en México, El Colegio de México, 1990, p. 115

[7] Alcocer, Andrés et. al. La sindicalización en el campo, en Instituto de Proposiciones Estratégicas, Análisis Sindical, Año 2, No. 17, octubre, México 1990, p. 8

[8] Maza, Enrique, La Presidencia y la Prensa en México, Trazos de una política de comunicación, en Mora, Raúl H. (Coord.), Indicadores de la modernización mexicana, Serie Contextos y Análisis 1. Centro de reflexión y Acción Social, Centro de Reflexión Teológica, México 1992, p. 129

[9] Ibid., p. 132

[10] Alcaráz Figueroa, Mons. Estanislao, Arzobispo de Morelia, Homilia, en Conferencia del Episcopado Mexicano, Iglesia y Educación en México, Formación integral de la persona: tarea y desafío, Ediciones CEM, México 1987, pp. 39-40

[11] Cosío Villegas, Daniel, El Sistema Político Mexicano, op. cit., p. 70

[12] Linz, Juan. Totalitarian and Authoritarian Regimes, en Greenstein, Fred I, y Polsby, Nelson W. (ed.): Handbook of Political Science, Vol. 3, Macropolitical Theory, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass., 1975, p. 183

[13] Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, op, cit., p. 19

[14] Granados Chapa, Miguel Ángel. Votar, ¿Para Qué?, Manual de elecciones, Ediciones Océano, México 1985, p. 60

[15] Cf. Melé, Patricia. México: de la revolución institucional a la revolución democrática, en PRI.CEN. Interpretaciones sobre el sistema político mexicano, Perspectivas de la modernización política, No. 5, México 1990, pp. 85-110

[16] Auping, S.J., Dr. Juan. El Camino Fácil, La crisis actual a la luz de la Filosofía Social Cristiana, CIAS, A.C., Universidad Iberoamericana (Plantel Laguna), Torreón 1982, p. 27