LA ETAPA NEOLIBERAL DEL RÉGIMEN MEXICANO

LA ETAPA NEOLIBERAL DEL

RÉGIMEN MEXICANO

A partir de los años 40 prevaleció en México una política económica basada en la sustitución de importaciones, la cual se sustentaba en el reconocimiento, por parte de los empresarios privados, de la rectoría económica de un Estado que se encargaba de sentar las bases materiales para el desarrollo de sus comercios e industrias; 

que los eximía de impuestos cuando, a juicio del gobierno en turno, así lo ameritaba la importancia de su negocio para el desarrollo del país, y que los defendía, por medio de aranceles y controles fronterizos, de la competencia del exterior.[1]  

Este modelo presentó serios síntomas de agotamiento desde principios de los años 70, llegando a su agotamiento definitivo a principios de los 80’s, cuando súbitamente se endurecieron las condiciones de los mercados financieros junto con la escasez de créditos para los países en desarrollo y la fuerte caída internacional de los precios del petróleo.

A partir de 1983 se comenzarían a vislumbrar con mucha más claridad los caminos que seguiría la política económica mexicana en los últimos años. 

En efecto, tanto Miguel de la Madrid como Carlos Salinas de Gortari promoverían grandes transformaciones en la llamada “modernización” del país, reorientando la economía hacia el mercado mundial, la desregulación económica, la reorganización financiera y la modificación de los papeles respectivos, tanto de los empresarios como del Gobierno, en la dinámica social.

Después de la estatización bancaria, decretada por López Portillo, el Gobierno de De la Madrid pretendió “adelgazar” al Estado, 

para lo cual emprendió la privatización, cierre o agrupamiento de empresas del sector paraestatal, redujo el gasto público, los subsidios y las transferencias, puso en venta 34 % de las acciones de la banca nacionalizada y ‘cedió’ parte del mercado financiero del país a una especie de banca paralela privada, representada por las casas de bolsa.[2]  

Uno de los pilares básicos de la política económica gubernamental sería la contención de salarios como medio de estabilización del proceso inflacionario, así como de fomento de inversión privada.

Miguel de la Madrid Hurtado había asumido la Presidencia de la República el 1º. de diciembre de 1982. 

A diferencia de las pasadas elecciones, en las que López Portillo había sido el único candidato, en estas elecciones el PAN postulaba a Pablo Emilio Madero, participando también el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el Partido Social Demócrata.

Al asumir la Presidencia, De la Madrid expone serena y objetivamente la trágica situación económica de México. Para los mexicanos sería necesario evitar gastos suntuarios y resignarse a dos o tres difíciles años.

Su programa abarca diez puntos: disminución del crecimiento del gasto público, protección al empleo, continuación selectiva de obras en proceso, escrupulosa honradez en el ejercicio del gasto autorizado, protección y estímulo a los programas de producción para la alimentación del pueblo, aumento de los ingresos públicos, 

crédito destinado a las prioridades del desarrollo nacional, mercado cambiario bajo la soberanía monetaria del Estado, reestructuración de la administración federal, y rectoría estatal dentro del régimen de economía mixta.

La política de Miguel de la Madrid se basa en la consideración de que el excesivo gasto público, los subsidios y la sobrevaluación del peso, están distorsionados, y que el enfoque del desarrollo reside en un fundamento más equilibrado.

Miguel de la Madrid es un tecnócrata procedente de la Secretaría de Programación y Presupuesto y los puestos administrativos más importantes están ocupados por técnicos. 

El pensamiento económico de Miguel de la Madrid concuerda plenamente con el FMI (Fondo Monetario Internacional). 

El Gobierno acepta las condiciones del FMI (gasto público, salarios, tipo de cambio), con su programa de austeridad. México logra renegociar su deuda externa.

El Gobierno impone el plan de austeridad con altos costos para México, imponiendo su política salarial gracias al apoyo de los sindicatos del PRI (corporativismo)

La recuperación de México depende mucho de los Estados Unidos: en materia de ingresos por exportaciones, turismo y compras fronterizas, provienen y también las inversiones. 

Dada su proximidad con este país, México tiende a reaccionar con rapidez ante las tendencias de la economía estadounidense.

Hubo otra devaluación del peso, de más del 100 %, alza de impuestos y de precios, con el compromiso de vigilar y distribuir los gastos de manera más eficiente. 

Se crea la Contraloría General con el fin de vigilar y fiscalizar las acciones de Gobierno. (El lema de campaña había sido “Por la renovación moral de la sociedad”). 

Se promulgan leyes que exigen responsabilidades a empleados públicos.

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[1] Garrido, Celso y Puga, Cristina. Transformaciones recientes del empresariado mexicano, en Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología. Año LII, No. 2, abril-junio, UNAM 1990, p. 44

[2] Aguilar Camín, Héctor. Después del milagro, Editorial Cal y Arena, México 1988, p. 38