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Se reforma la Ley reglamentaria de
Educación porque no debe prolongarse por más tiempo una actitud de combate
frente a las actividades religiosas lícitas de los mexicanos. Se expide un
decreto presidencial para proteger a la pequeña propiedad.
En enero, se permite permanecer en aguas nacionales a barcos e hidroaviones de los aliados, y el tránsito de tropas en caso necesario. México compra material bélico para modernizar al ejército.
La Segunda Guerra Mundial comienza a influir en la economía mexicana: se suspende la importación de productos y materias primas necesarios para la industria, y que se utilizarán para la producción militar. La industria nacional abastece con muchas materias y productos a los Estados Unidos.
Para asegurar su provisión, Estados Unidos se interesa por la economía mexicana, especialmente por nuestros recursos naturales, y firma un tratado bilateral de libre comercio con México.
El 14 de mayo, en las costas cercanas a Florida, un submarino alemán dispara sobre el petrolero mexicano “Potrero del Llano” que se identificó como neutral. Mueren catorce hombres en el hundimiento. El día 22 México declara la guerra al Eje y al Japón.
Ese mismo día fue recibida una comisión del PAN por el Presidente de la República.
El Presidente saluda a Gómez Morín llamándole “Maestro”. La
prensa no conoció lo tratado en la entrevista, pero Gómez Morín lo comunicó a
sus colaboradores más allegados de la Capital y de los Estados, que el Partido
expuso las implicaciones de una declaración de guerra.
El Presidente les
informó que a lo largo de la frontera norte estaban acuartelados 150 mil
hombres de todas las armas americanas. Si México se mantenía neutral, estarían
en la capital en 24 horas.[1]
Comienza el registro de mexicanos de 18 años de edad para el servicio militar obligatorio. Se adiciona en el Código Penal el delito de “disolución social” [2] para evitar la intromisión de grupos afines a los países enemigos; lo cual serviría también para combatir a los grupos políticos opositores al régimen.
El PAN difunde los exactos límites legales de la “suspensión de garantías” decretada por la guerra.
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